La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez convocó a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Función Pública y a Colombia Compra Eficiente, para coordinar acciones contra los corruptos que se estarían aprovechando de la declaración de ‘Estado de Emergencia’ por la COVID-19, para apoderarse de los recursos girados a los más vulnerables.
De acuerdo con Ramírez, está es una acción articulada de todas las autoridades para frenar prácticas irregulares como sobrecostos o abusos en recursos para la contratación directa autorizada en medio de la emergencia sanitaria.
“Se trata particularmente de articular competencias contra la corrupción; cada entidad va a implementar medidas que permiten castigar a los corruptos y blindar los recursos destinados a atender la emergencia sanitaria», señaló.
Y advirtió que «seremos inmisericordes en la persecución y castigo a quienes están robando recursos o que pretendan engañar a las comunidades. No habrá piedad para ladrones, usurpadores ni lugar donde puedan esconderse».
Entre tanto, la secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño recordó que “alcaldes, gobernadores y en general que tengan a su cargo la ejecución de dineros públicos estarán obligados a reportar, sin falta, el minuto a minuto de la contratación y a contratar cumpliendo la ley».
La vicepresidenta explicó que cada gobernante debe “suministrar información completa, clara y oportuna sobre los contratos que se estén celebrando o se planea celebrar y la relación de cada uno de los recursos recibidos y los que ha destinado, así como el hecho para conjurar ante la crisis derivada del COVID-19”.
Hasta el momento los departamentos de Magdalena, Santander, Atlántico, Casanare, Sucre, Tolima, Norte de Santander, Arauca, Caldas y Cundinamarca, serán los primeros en entregar a las autoridades evidencia que soporte la contratación de emergencia que están llevando a cabo. «Esta acción se cumplirá frente a cada gobernante».