Este lunes se aprobó, en primer debate, el proyecto bandera del Gobierno para alcanzar la paz total.
Se dio vía libre a la creación de regiones de paz para adelantar diálogos con las organizaciones ilegales y a las facultades para que el presidente Gustavo Petro designe comisionados de paz regionales encargados de concertar con la comunidad.
Sin embargo, se dejó claro que estos comisionados no tendrán competencias para suscribir acuerdos de paz.
También se aprobó un artículo para que el presidente de la República le rinda un informe a la Nación sobre las conversaciones, los acuerdos y las negociaciones con los actores armados.
“En los procesos de paz y en cada una de sus etapas se garantizará la participación efectiva de las mujeres y de la sociedad civil, la reparación y los demás derechos de las víctimas. Los enfoques étnico, participativo, de género, ambiental y diferencial, así como el principio de centralidad de las víctimas, serán transversales a los acuerdos”, dice otro de los artículos aprobados.
En cuanto a las modalidades del Servicio Social para la Paz, se acordó que serán las siguientes:
1. Servicio social para promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas.
2. Servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto armado, la promoción de sus derechos y la defensa de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
3. Servicio social para la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz.
4. Servicio social para promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización.
5. Servicio social para la protección de la naturaleza, la biodiversidad, las fuentes hídricas, los ecosistemas estratégicos, la riqueza ambiental y forestal.
6. Servicio social para promover la paz étnico-territorial, respetando el derecho de autodeterminación, la autonomía, usos y costumbres de las comunidades étnicas.
7. Servicio social para el trabajo con víctimas de violencia sexual y basada en género.
8. Servicio social para el cuidado de personas mayores en condición de vulnerabilidad.
Durante la discusión se aprobó otro artículo que le permitirá al presidente de la República ordenar una auditoría forense integral a los recursos asignados a la Zonas Estratégicas de Intervención Integral previa, o posterior a la liquidación de los proyectos, sin perjuicio de las acciones de los organismos de control.
Ahora el proyecto deberá ser debatido en las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado.