La aprobación de la Ley de Sometimiento en el Congreso introduce nuevas condiciones para que integrantes de organizaciones criminales puedan acogerse a beneficios judiciales, con mayores exigencias para sus cabecillas y obligaciones relacionadas con la entrega de bienes ilícitos y la colaboración con las autoridades.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, recibió el respaldo de 57 senadores, frente a 24 votos en contra. Posteriormente, la Cámara de Representantes aprobó el mismo texto con 95 votos favorables y 10 negativos, por lo que no fue necesario adelantar una conciliación.
Entre los principales alcances de la norma se encuentran las reducciones de penas de hasta el 30 % para los jefes de las estructuras criminales y de hasta el 50 % para sus demás integrantes, siempre que cumplan las condiciones establecidas.
¿Qué cambia con la nueva ley?
Uno de los principales ajustes es que se cierra la posibilidad de otorgar reconocimiento político a organizaciones dedicadas al crimen organizado de alto impacto. En consecuencia, sus integrantes deberán someterse a la justicia penal ordinaria, sin crear una jurisdicción especial como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La norma también establece penas mínimas de 10 años para los cabecillas y descarta beneficios automáticos. Quienes pretendan acceder al tratamiento diferenciado deberán entregar la totalidad de sus bienes y recursos ilícitos, además de aportar información verificable sobre actividades criminales, rutas del narcotráfico, laboratorios y otros integrantes de las organizaciones.
Otro cambio importante es el endurecimiento de las condiciones para condenados por lavado de activos, quienes deberán cumplir al menos seis años de pena antes de acceder a los beneficios contemplados.
Asimismo, quedan excluidos del tratamiento penal diferenciado quienes sean responsables de reclutamiento ilícito de menores de edad.
La legislación mantiene vigentes las órdenes de captura y los procedimientos de extradición para quienes no cumplan los compromisos exigidos. También contempla mecanismos de control del INPEC para las modalidades alternativas de reclusión.
Vigencia y alcance de la iniciativa
La Ley de Sometimiento tendrá una vigencia inicial de cuatro años y contempla la continuidad de herramientas previstas en la Ley de Orden Público (Ley 418 de 1997).
Durante su trámite legislativo también fue eliminada la disposición que permitía utilizar gastos reservados del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON).
Con estos cambios, el Gobierno busca establecer una ruta jurídica para que integrantes de estructuras criminales abandonen sus actividades ilegales y respondan ante la justicia. El alcance del mecanismo dependerá del cumplimiento efectivo de las obligaciones, la entrega de activos ilícitos y la colaboración con las autoridades.