La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de libertad presentada por la defensa de Wadith Alberto Manzur Imbett, procesado dentro de la investigación relacionada con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La determinación fue adoptada el 29 de septiembre de 2026 por la Sala Especial de Primera Instancia, bajo la ponencia de la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa.
Con esta decisión, el alto tribunal mantuvo vigente la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario que pesa contra el excongresista, quien permanece recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá.
La defensa buscaba tumbar la medida de aseguramiento
El abogado de Manzur había acudido a un mecanismo previsto en el artículo 392 de la Ley 600 de 2000 para solicitar que la Corte revisara la legalidad de la medida de aseguramiento impuesta por la Sala Especial de Instrucción.
La petición pretendía establecer si la detención preventiva había cumplido con los requisitos legales y constitucionales y, de ser así, obtener su revocatoria para que el procesado recuperara la libertad.
Sin embargo, la Sala Especial de Primera Instancia consideró que la solicitud no era procedente y determinó que no había elementos suficientes para dejar sin efectos la medida.
La Corte respaldó la legalidad de la detención
En su análisis, la Sala señaló que la defensa no acreditó que la decisión de imponer la detención preventiva hubiera sido adoptada por una autoridad sin competencia, que se hubieran desconocido las normas procesales o que se hubiera afectado el derecho de defensa.
El tribunal también indicó que no fueron controvertidos de manera concreta aspectos relevantes que habían sido considerados al momento de ordenar la privación de la libertad.
Entre ellos se encuentran los fines constitucionales de la medida y los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad utilizados para justificar la detención.
Por estas razones, la Corte concluyó que los argumentos presentados por la defensa no permitían modificar la decisión adoptada previamente.
Manzur continúa vinculado al proceso por la UNGRD
Wadith Manzur fue acusado dentro del proceso que adelanta la Corte Suprema por las presuntas irregularidades relacionadas con la UNGRD.
La Sala Especial de Instrucción ordenó en marzo de 2026 su captura y le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. En ese mismo proceso también fue vinculada la entonces representante a la Cámara Karen Manrique.
En el caso de Manzur, la acusación está relacionada con el delito de cohecho impropio, dentro de los hechos que son objeto de investigación por el presunto entramado de corrupción alrededor de la entidad encargada de la gestión del riesgo.
Cambio de Congreso no modifica la medida
Otro de los argumentos analizados estuvo relacionado con el cambio del periodo legislativo.
La defensa había planteado consideraciones asociadas con la terminación del periodo constitucional 2022-2026 y el comienzo del nuevo periodo legislativo.
No obstante, la Corte precisó que esa circunstancia no modifica por sí misma el análisis sobre la legalidad de la medida de aseguramiento.
Según el tribunal, el mecanismo utilizado por la defensa debía concentrarse en establecer si cuando fue impuesta la detención se cumplieron las condiciones legales y constitucionales exigidas.
Por ello, los cambios posteriores en la situación política o funcional del procesado no alteran las razones que sustentaron inicialmente la medida.
La decisión no admite recursos
La Corte Suprema también dejó establecido que, conforme al inciso final del artículo 392 de la Ley 600 de 2000, contra esta determinación no procede ningún recurso.
De esta manera, Wadith Manzur continuará privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial relacionado con el caso UNGRD.
La providencia aclaró además que una actuación presentada por la defensa de Karen Astrith Manrique Olarte fue atendida de acuerdo con los términos de su propia solicitud, pero que la decisión adoptada en este caso no comprende la medida de aseguramiento que pesa sobre dicha procesada.
El expediente contra Manzur continuará su curso en las instancias correspondientes, donde deberán desarrollarse las etapas procesales previstas para determinar las responsabilidades penales que le atribuye la Fiscalía y que son materia de debate judicial.