El Consejo de Estado suspendió de manera provisional varios apartes del Decreto 802 del 23 de julio de 2026, con el que el Gobierno Nacional autorizó el traslado de $4 billones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión se adoptó mientras avanza una demanda de nulidad contra la norma.
Según el alto tribunal, el decreto habría permitido al Ministerio de Hacienda efectuar traslados presupuestales sin la autorización del Congreso de la República, facultad que, de acuerdo con la Constitución, corresponde exclusivamente al poder legislativo.
La Sala de lo Contencioso Administrativo suspendió específicamente el parágrafo del artículo 4 y el inciso segundo del artículo 5 del decreto, al considerar que estas disposiciones no solo regulaban la ejecución de recursos ya aprobados, sino que autorizaban modificar la distribución del Presupuesto General de la Nación fijado por el Congreso para la vigencia 2026.
En su análisis, el Consejo de Estado advirtió que el Ejecutivo expidió el decreto sin encontrarse en un estado de excepción, sin identificar plenamente las partidas presupuestales afectadas y sin una autorización legal previa que respaldara esos movimientos financieros.
Además, el tribunal señaló que la norma permitía que la UNGRD ejecutara esos recursos mediante mecanismos de contratación directa, sin necesidad de adelantar procesos de licitación, lo que generó cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.
La corporación aclaró que la suspensión tiene efectos inmediatos, pero no constituye una decisión definitiva sobre la legalidad del decreto, proceso que continuará siendo estudiado por la Sección Primera del Consejo de Estado.
UNGRD advierte impacto en la atención de emergencias
Tras conocerse la decisión judicial, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres expresó su preocupación al considerar que la medida limita la capacidad del Estado para prepararse y responder a los efectos del Fenómeno de El Niño.
El director de la entidad, Javier Pava Sánchez, calificó el fallo como una decisión contradictoria, al señalar que continúa vigente la declaratoria de desastre nacional por riesgo inminente, pero se suspenden los mecanismos que permitirían financiar las acciones necesarias para enfrentar esa emergencia.
La UNGRD explicó que para 2026 cuenta con una apropiación inicial de $668.000 millones en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Sin embargo, de esos recursos ya se comprometieron $426.000 millones para el cumplimiento de funciones misionales, por lo que actualmente solo dispone de $62.400 millones, equivalentes al 15 % del presupuesto inicial.
Según la entidad, esta limitación podría afectar la respuesta institucional frente a incendios forestales, desabastecimiento de agua y daños al sector agropecuario ocasionados por las condiciones climáticas extremas.
Frente a este panorama, la UNGRD anunció que gestionará una adición presupuestal ante el Ministerio de Hacienda y continuará defendiendo la legalidad del decreto dentro del proceso judicial, al tiempo que buscará nuevas fuentes de financiación que se ajusten al marco legal para garantizar la atención de las comunidades en riesgo.