La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia anunció el sentido del fallo condenatorio contra el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por el delito de corrupción al sufragante.
La sentencia, según dijo el alto tribunal, se conocerá el 27 de julio, en donde se sabrá el monto de la pena que pagará.
Al anunciar el sentido del fallo, #SalaDePrimeraInstancia de @CorteSupremaJ declara al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, responsable del delito de corrupción al sufragante en primera campaña a la Gobernación. El próximo 27 de julio se emitirá la sentencia.
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) July 16, 2020
Según el expediente en su contra, el delito de corrupción al sufragante se dio en la ciudad de Valledupar, en el Cesar, entre agosto y octubre del 2011, durante la campaña electoral para elegir al gobernador del departamento entre 2012 y 2015.
La acusación en su contra dice que para lograr la elección como gobernador, Monsalvo realizó actividades proselitistas en un barrio de invasión conocido como Tierra Prometida, donde vivían unas 800 familias que buscaban una solución para su vivienda. Cada familia tenía por lo menos dos adultos que podían votar.
Fue así como Monsalvo vio una oportunidad de conseguir votos y, en un documento del 16 de octubre del 2011, firmado por él y un grupo de personas que eran representantes de la comunidad, quedó plasmado el compromiso al que llegaron.
A cambio de su voto, Monsalvo les prometió mantenerlos en el inmueble que estaban ocupando, y acatar los fallos de los juzgados de Valledupar que amparaban los derechos a la vivienda digna de los ocupantes del predio. También se comprometió a incluir a la comunidad en un proyecto de construcción de vivienda.
Según la investigación, Monsalvo sabía que estaba prometiendo una dádiva a cambio de que los ciudadanos votaran por él para ser gobernador del Cesar.
Para la Corte es claro que el mandatario ofreció a la población vulnerable soluciones de viviendas “que no se iban a cumplir”.
Una vez Monsalvo fue elegido, el desalojo de la comunidad Tierra Prometida se hizo inminente, lo que llevó a los habitantes de ese barrio de invasión a protestar, exigiéndole al gobernador que cumpliera el pacto al que habían llegado a cambio de sus votos.
Seis días después de las protestas, el 28 de junio del 2012, Monsalvo envió una comunicación al Ministerio de Vivienda, en la que le pedía apoyo para adelantar un proyecto de vivienda multifamiliar que desarrollaría en el predio invadido, ofreciendo como financiación unos 5.000 millones por parte de la Gobernación.
Con todas esas pruebas, la Sala concluyó que “acá hubo una oferta específica de una dádiva determinada a personas específicas a cambio de votos”. Con el agravante de que se da en un contexto en el que Monsalvo se aprovechó de ciudadanos vulnerables y de hacer política con predios ajenos, pues el terreno invadido era de un particular.
Acá hubo una oferta específica de una dádiva determinada a personas específicas a cambio de votos
Es por esto que, para la Corte, Monsalvo incurrió en corrupción al sufragante, porque prometió una dádiva para que lo apoyaran con sus votos, delito que tiene una pena de entre 48 y 90 meses de prisión.
Aunque la defensa aseguró que lo que hizo Monsalvo fue un acto legítimo de campaña política, para la Corte es claro que no fue así. “El acusado prometió ilícitamente a una comunidad específica (desplazados por la violencia), asentados en un terreno privado invadido, el mantenerlos quietos y pasivamente en el inmueble ocupado por ellos en los terrenos del señor Óscar Guerra Bonilla”, por lo que está claro que prometió beneficios a cambio de votos, invadiendo la libertad que los electores deberían tener para poder decidir. .
Esa promesa, según la Corte, fue ilícita por dos razones. La primera, porque para el 16 de octubre del 2011 había órdenes policivas para desalojar a la comunidad, por lo que Monsalvo no podía comprometerse a mantenerlos en el lote, pues eso no dependía de él.
En segundo lugar, dice el alto tribunal, aunque los invasores eran desplazados por la violencia, en ese caso prevalecía el derecho a la propiedad privada y, por lo tanto, entregarles una vivienda digna era una obligación del Estado, y no del dueño del lote. Es así como lo que debían hacer las autoridades locales era reubicar a las familias.
La Corte entrevistó a varios de los invasores que afirmaron que el compromiso sí era que los dejaran en el lote y que incluso muchos de ellos estuvieron hasta este año, abandonando el predio por voluntad propia por problemas de inseguridad.
“Por más apremiantes que resultaban las circunstancias calamitosas e inconstitucionales de esa comunidad, como la de ser víctimas del delito de desplazamiento forzado por la violencia, no podía Luis Alberto Monsalvo Gnecco hacer a un lado el principio de legalidad que estructura el Estado de Derecho”, dijo la Corte.
Por más apremiantes que resultaban las circunstancias calamitosas de esa comunidad (…) no podía Monsalvo hacer a un lado el principio de legalidad.
Respecto a ese Estado de Derecho, dice la Corte, la promesa que hizo Monsalvo y que quedó en un documento, ignoró el procedimiento legal que había iniciado el dueño del terreno y el derecho de propiedad privada.
Al prometer a la comunidad lo que no podía, según el fallo Monsalvo “canjeó el apoyo electoral de personas necesitadas e interesadas en permanecer en ese lugar, a cambio de que sufragaran a su favor”.
El ofrecimiento de mantenerlos en el predio, según la Corte, condiconó la libertad del voto de esa población que era apta para influir “de manera determinante en su comportamiento electoral”