El Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres aprobó la propuesta del Gobierno nacional para declarar la situación de desastre nacional ante la inminencia del fenómeno de El Niño 2026-2027. La medida permitirá adoptar acciones preventivas y agilizar la ejecución de proyectos dirigidos a mitigar los efectos de una posible mega sequía en distintas regiones del país.
La decisión se sustenta en la Ley 1523 de 2012, que regula la gestión del riesgo de desastres en Colombia y contempla la posibilidad de actuar no solo cuando un desastre ya se ha materializado, sino también cuando existe una amenaza inminente que requiere una respuesta inmediata del Estado.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, explicó que la norma permite intervenir de manera anticipada para reducir los impactos de un evento previsible.
«No solamente se considera una situación de emergencia un hecho, una alteración, un algo que sea materializado, sino la inminencia misma de una acción que genere acciones o que requiera atención inmediata», afirmó el funcionario.
Durante la sesión, el presidente Gustavo Petro respaldó la declaratoria y aseguró que la decisión cuenta con soporte científico.
Según el mandatario, organismos internacionales especializados en clima, así como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), han advertido sobre la llegada del fenómeno de El Niño y sus posibles consecuencias.
«Creo que ya la motivación jurídica tiene sustento en la ciencia. Todas las organizaciones mundiales dedicadas a este tema, el climático de El Niño, ya lo han expresado, han sacado sus resoluciones, han sacado sus comunicados. Científicos, lo mismo ha hecho IDEAM, que hace lo propio, y es inminente», manifestó.
Petro señaló que el objetivo de la declaratoria es permitir que el Estado adopte medidas preventivas antes de que se presenten los efectos más severos de la sequía.
«Esa inminencia del Mega Niño hace que tengamos que actuar de manera anticipada», afirmó el jefe de Estado.
Añadió que la prioridad será proteger a la población y minimizar los impactos ambientales. «Actuamos de manera anticipada para proteger a la población, la vida de la población. Y la vida de lo demás, la naturaleza, los animales, etc., hasta donde nos sea posible, por una mega sequía», indicó.
El presidente explicó que la declaratoria permitirá ejecutar proyectos mediante los mecanismos previstos para este tipo de situaciones, incluyendo la contratación directa.
Entre las prioridades mencionó el impulso a soluciones de energía solar para enfrentar las dificultades que pueda generar el fenómeno climático.
«Son los proyectos a ejecutar por decreto y por contratación directa, y, sobre todo, democratizar para todas las empresas de energía solar que existan en Colombia y las que quieran venir de cualquier parte del mundo a aportar en seis meses soluciones de energía solar que no necesariamente tienen que interconectarse», sostuvo.
Por su parte, Javier Pava explicó que el análisis jurídico realizado por la entidad concluyó que el criterio predominante para la declaratoria corresponde a la inminencia del riesgo.
«Hemos revisado en el marco de la ley y los aspectos que denominan los jurídicos aspectos fácticos que dice que, en consecuencia, el criterio prevalente que se toma en consideración para esta declaratoria es el de inminencia de desastres», señaló.
El director de la UNGRD agregó que la legislación obliga al Estado a intervenir antes de que el daño ocurra cuando existen evidencias suficientes sobre una amenaza previsible.
«La obligación de la intervención del Estado de manera anticipada a la materialización plena del daño en aplicación del principio de precaución y de la responsabilidad de proteger a las poblaciones frente a desastres previsibles», concluyó.
Con esta aprobación, el Gobierno busca acelerar la implementación de medidas de prevención, preparación y respuesta frente a los efectos que podría generar el fenómeno de El Niño 2026-2027, especialmente por el riesgo de una prolongada sequía y sus consecuencias sobre el abastecimiento de agua, la producción agropecuaria, los ecosistemas y el suministro de energía en diferentes regiones del país.