A la espera de un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las medidas cautelares solicitadas por el ahora partido de los Comunes, sus integrantes están insistiendo en garantizar la protección tanto de los firmantes de la paz, como de sus personas cercanas.
«Esperamos que muy pronto el Gobierno nacional atienda el llamado que le hace inclusive la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a que otorgue garantías a la vida no solamente de quienes firmamos la paz e hicimos la dejación de las armas, sino también de nuestros familiares», aseguró el senador Carlos Lozada.
Para Lozada es «inconcebible que el Estado no sea capaz de garantizar la vida de los firmantes de la paz. Por eso aspiramos también a que muy pronto la CIDH atienda las medidas cautelares que les solicitamos en septiembre del año pasado, y que esas medidas se hagan extensivas para nuestros parientes».
Según el balance y registro entregado por esta colectividad, tras la firma del acuerdo de paz 254 exguerrilleros han sido asesinados. Y a su vez, al menos 39 de sus familiares han sido víctimas fatales de la violencia en el país.