La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios definió los criterios para el recaudo y giro de la sobretasa de 4 pesos por kilovatio al servicio de energía, autorizado en el artículo 313 del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, aprobado por el Congreso de la República en mayo del presente año.
Mediante una resolución la entidad reglamentó la aplicación del artículo, señalando los responsables del recaudo, los tiempos de giro al Fondo Empresarial de la Superservicios y otros criterios a tener en cuenta por los prestadores del servicio de energía, con relación a esta sobretasa que aplica a los usuarios residenciales de los estratos 4, 5 y 6, también a los comerciales, industriales y no regulados.
La resolución expedida por la Superintendencia de Servicios señala que la sobretasa será destinada al pago de las obligaciones financieras, en las que incurra el Fondo Empresarial, para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica a cargo de las empresas en las que la entidad haya ordenado o llegue a ordenar la toma de posesión.
“Los recursos de la sobretasa fortalecerán la capacidad financiera del Fondo Empresarial de la superintendencia, podremos apalancar algunos frentes de inversión planteados en los esquemas de solución de empresas intervenidas como Electricaribe y Emcartago, necesarios para normalizar la prestación del servicio de energía a cerca de 10 millones de habitantes en el país”, explicó la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño.
La medida de la superintendencia señala que para conocimiento del usuario, las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica deberán discriminar en la factura el concepto por este cobro.
Igualmente, las empresas tendrán que girar bimestralmente al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios lo recaudado por la sobretasa nacional y reportarlo al Sistema Único de Información (SUI).
También se estableció que el Fondo Empresarial de la Superintendencia ejercerá las actividades de administración sobre los recursos de la sobretasa nacional, cuya aplicación tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022.