El Ministerio de Hacienda solicitó a la Corte Constitucional abrir un incidente de impacto fiscal sobre la Sentencia C-264 de 2026, relacionada con la entrada en vigencia de la reforma pensional prevista para el 1 de abril de 2027.
La cartera, encabezada por el ministro Miguel Gómez Martínez, argumentó que la decisión judicial podría generar nuevas obligaciones para las finanzas públicas que no fueron contempladas en la programación presupuestal de 2027.
Uno de los principales argumentos de Hacienda es que la implementación del nuevo sistema pensional podría representar requerimientos adicionales de recursos para Colpensiones cercanos a los $5 billones.
Según el Ministerio, estos recursos deberán ajustarse al espacio fiscal disponible y a instrumentos como el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Plan Financiero y el Presupuesto General de la Nación.
Hacienda también advirtió que la fecha establecida para la entrada en funcionamiento de la reforma modificaría los tiempos previstos para la acumulación de recursos del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, lo que tendría efectos sobre la planeación financiera del sistema.
La solicitud fue presentada con fundamento en el artículo 334 de la Constitución y la Ley 1695 de 2013. El Gobierno aclaró que el incidente no pretende modificar el contenido de la sentencia ni desconocer derechos pensionales consolidados.
Tampoco, según el Ministerio, implicaría suspender el pago de las pensiones actualmente reconocidas. El objetivo sería buscar que la aplicación de la decisión judicial sea compatible con la sostenibilidad fiscal y la programación del gasto público.
Ahora corresponde a la Corte Constitucional determinar si admite y abre el incidente solicitado por Hacienda y, posteriormente, analizar los argumentos fiscales presentados por el Gobierno.