Gobernadores y alcaldes siguen esperando los recursos prometidos para atender a los damnificados. La representante Catherine Juvinao cuestionó la transparencia y la diligencia en el manejo del fondo, mientras persisten las dudas sobre el destino de los $624 mil millones anunciados por el Gobierno Nacional.
A tres meses del terremoto del 10 de agosto de 2026, la reconstrucción de las zonas afectadas sigue enfrentando una pregunta que aumenta la inconformidad de las comunidades: ¿dónde están los recursos del Fondo Milagro y cuándo comenzarán a llegar efectivamente las ayudas a los damnificados?
Aunque el Gobierno Nacional anunció la creación del Fondo Milagro, también denominado Fondo Patria Milagro, y reportó una asignación inicial de $624 mil millones, en diferentes territorios afectados todavía esperan que los compromisos se conviertan en obras, asistencia y soluciones para las familias que perdieron sus viviendas y sus medios de subsistencia.
El malestar no solo se siente entre los damnificados. Gobernadores y alcaldes de departamentos y municipios afectados, entre ellos Caldas, Chocó y Risaralda, han manifestado dificultades para avanzar en la recuperación de sus territorios ante la falta de desembolsos. El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, expresó su preocupación porque, tres meses después de la emergencia, las administraciones locales continúan atendiendo las necesidades con recursos propios, mientras esperan que la Nación cumpla los compromisos anunciados desde el día de la tragedia.
A las dificultades administrativas y financieras se suman cuestionamientos sobre la operación del fondo. La representante a la Cámara Catherine Juvinao, integrante de la comisión de seguimiento a la atención de la emergencia, encendió las alertas después de revisar los manuales de contratación y funcionamiento del mecanismo.
La congresista manifestó preocupación por las disposiciones encontradas y puso en duda que el fondo esté actuando con la rapidez y transparencia que exige una emergencia de esta magnitud. Sus reparos abren nuevos interrogantes sobre los procedimientos de contratación, la ejecución de los recursos y los mecanismos de vigilancia sobre el dinero destinado a la reconstrucción.
Un fondo que comenzó a operar semanas después de la tragedia
El Fondo Milagro comenzó su funcionamiento formal 66 días después del terremoto, cuando el Gobierno firmó el contrato para constituir el patrimonio autónomo, anunció su financiación por $624 mil millones y realizó la primera reunión de su junta directiva el 15 de octubre.
Desde entonces, la expectativa de las comunidades ha estado centrada en conocer cuándo se materializarían los primeros desembolsos y cuáles serían los criterios para distribuir los recursos entre los territorios afectados.
Sin embargo, las reclamaciones persisten. En ciudades como Pereira y Quibdó, damnificados han expresado su inconformidad por la demora en la atención, mientras las autoridades territoriales advierten que no pueden asumir indefinidamente con sus propios presupuestos las obligaciones que corresponden a la recuperación de las zonas afectadas.
La preocupación también alcanza el acceso a la información pública. Según los cuestionamientos divulgados sobre la administración del fondo, todavía existen interrogantes relacionados con su operación, financiación, contratación y ejecución presupuestal.
A esto se suman las advertencias de Transparencia por Colombia sobre posibles riesgos en los mecanismos de control y vigilancia de los recursos destinados a la reconstrucción.
El gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe, tampoco ha entregado respuestas públicas a los cuestionamientos de los medios de comunicación. Su silencio ha sido justificado en una directiva presidencial que establece restricciones para que los funcionarios entreguen declaraciones sin autorización de la Presidencia.
Mientras tanto, el presidente Abelardo de la Espriella ha pedido paciencia a las familias afectadas y ha asegurado que la reconstrucción debe pasar de los anuncios a las obras.
Pero para quienes continúan esperando una vivienda, asistencia o recursos para recuperar sus comunidades, la paciencia comienza a agotarse.
Las preguntas siguen sin respuesta: ¿cuánto dinero ha sido efectivamente desembolsado?, ¿qué municipios han recibido recursos?, ¿quiénes han sido contratados?, ¿cuáles son los proyectos financiados y dónde puede consultarse la ejecución de los $624 mil millones anunciados?
Tres meses después del terremoto, el debate ya no se limita a la cantidad de recursos prometidos, sino a la transparencia de su administración y a la velocidad con la que deben llegar a quienes más los necesitan. La reconstrucción sigue pendiente y los damnificados esperan respuestas concretas, no nuevos anuncios.