Quedó en firme entre la Jurisdicción Especial para la Paz y el Gobierno Nacional una instancia de articulación para lograr la implementación de las sanciones propias, que no son cárcel, para las personas que están acogidas a la JEP y que aceptan toda su responsabilidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Este trabajo busca unir a todas las entidades del Estado y la cooperación internacional que permitan asegurar la implementación efectiva y el despliegue de los proyectos restaurativos en los territorios.
En esta instancia participan además de la JEP, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, los Ministerios de Justicia y Defensa, la Unidad para las Víctimas, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y otras entidades que tendrán el acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.
Recordemos que las sanciones propias son esenciales para garantizar la reparación de las víctimas, al restablecimiento de sus derechos, la superación de condiciones de vulnerabilidad y la restauración del daño, así como al establecimiento de condiciones de desarrollo e igualdad en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Es decir, están encaminadas a enfrentar los factores estructurales que propician y perpetúan la violencia.
El Estado colombiano debe garantizar todas las condiciones de seguridad para que los responsables de los crímenes ya sean exFarc, miembros de la Fuerza Pública, exfuncionarios públicos o cualquier persona que se acoja a la Jurisdicción Especial Para la Paz, pueda responder con la sanción y con los trabajos, obras y acciones con contenido reparador (TOAR) con los cuales se resarcirá el daño causado durante el conflicto armado.