La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la magistrada japonesa Tomoko Akane, expresó su preocupación por el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos y advirtió que estas medidas podrían poner en riesgo el sistema internacional de justicia.
Akane aseguró que esperaba, en cierta medida, las sanciones en su contra, por lo que afirmó que no le resultaron sorprendentes. Sin embargo, señaló que lo verdaderamente preocupante es que estas acciones puedan convertirse en el comienzo de una desaparición del Estado de derecho internacional.
Estados Unidos anunció esta semana sanciones contra Akane y contra el magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien actualmente sustituye al fiscal de la CPI. Las medidas les impiden viajar a territorio estadounidense y realizar transacciones dentro del sistema financiero de ese país.
La CPI rechazó las sanciones y las calificó como un ataque a su independencia. Japón, principal financiador de la corte, además de la Unión Europea, Alemania, Francia y España, también cuestionaron las decisiones adoptadas por Washington.
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, tiene como objetivo investigar y juzgar a responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren garantizar la rendición de cuentas.
Estados Unidos no es miembro del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la CPI en 2002. En los últimos años, Washington ha impuesto sanciones contra integrantes de la corte, especialmente por investigaciones relacionadas con Israel.
En 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes relacionados con la guerra en Gaza. También fueron emitidas órdenes contra integrantes de Hamás, algunos de los cuales posteriormente fallecieron.