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Rector pide al Ministerio de Educación intervenir en la crisis que enfrenta la UPC

Por Cesar Noticias

La Universidad Popular del Cesar ha sufrido un traspié con la designación de un nuevo rector encargado, dejando a la deriva el timón de esta casa de estudios superiores durante algunos días, por lo que hoy solicita la inmediata intervención del Ministerio de Educación para dirimir las dudas y llevarla por el camino de la institucionalidad.

En tal sentido, Raúl Gutiérrez Maya, rector encargado y avalado hasta la fecha por el Ministerio de Educación, ofreció una rueda de prensa para aclarar la situación que vive la universidad, además de ratificar que las actuaciones en las que el Consejo Superior Universitario, designó a José Sierra como rector, carecen de legalidad y su documentación es inexistente.

“Basta con revisar el Sistema de Información para la Educación Superior que lo lleva el Ministerio de Educación Nacional, a través de la subdirección de Inspección y Vigilancia, para constatar que a la fecha quien figura como representante legal  inscrito soy yo. No pretendo atornillarme a ningún puesto o una silla, si el día de hoy el Ministerio reemplaza mi registro por alguna circunstancia, de inmediato iniciaría el empalme con la nueva autoridad, pero mientras eso no suceda, tengo una responsabilidad administrativa, fiscal, disciplinaria, e incluso penal, de ir adelante con la gestión y administración de la UPC”, dijo.

Aclaró que no se trata de un capricho, es responsabilidad, ya que dejar suelta la universidad estaría incurriendo en una falta disciplinaria que se constituye en abandono de cargo.

“El CSU no ha hecho el cambio de rector, porque no ha existido sesión que determine esa decisión, esos documento que circulan donde se da por terminado mi encargo y designan a José Sierra, carecen de todo valor jurídico, son inexistentes. Legalmente no cumple con los requisitos para que nazca la vida jurídica, razón por la cual es ineficaz. Si cumpliera con la norma, el Ministerio de Educación hubiese tenido la obligación de hacer la inscripción de Sierra como rector, y hasta la fecha no lo ha hecho”.

Por esta razón, Gutiérrez exhorta al Ministerio de Educación a que tome medidas que diriman esta situación de una vez por todas, que preste atención y de defina el destino de la institución.

La crisis que hoy está enfrentando la UPC producto del “sabotaje”, que ha sido perpetrado por estos documentos espurios, es grave, está desbordando cualquier límite racional. Al 30 de noviembre corresponde hacer el pago de salarios de más de 1.200 docentes y más de 350 empleados administrativos.

“El día sábado conminé por escrito a las dependencias encargadas de tramitar y proyectar la resolución de pago de los empleados y docentes de la universidad, estoy atento a que esa instrucción se cumpla a efectos de poder hacer el giro de los salarios que corresponden pagar. Los funcionarios que se encargan de hacer dicho trámite no lo han hecho”.

Ala fecha, la universidad no se ha visto afectada académicamente, pero en el momento que se dejen pagar salarios, que se afecte el mínimo vital de personal docente y administrativo, esto será una catástrofe administrativa.

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