El Gobierno de Gustavo Petro ya tiene Plan Nacional de Desarrollo. El Congreso de la República aprobó en la madrugada de este viernes el proyecto, después de una maratónica semana con prolongadas sesiones y a menos de tres días de que se cumpliera el plazo para avalarlo y evitar que saliera por decreto presidencial.
La propia vicepresidenta de la República, Francia Márquez, hizo presencia en el Capitolio Nacional para acompañar la votación final que dio luz verde a la iniciativa ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, que será la hoja de ruta para el Gobierno.
“Este es un Plan de Desarrollo que tiene ejes estratégicos importantes para el país y con el que buscamos cerrar brechas de inequidad y desigualdad. Buscamos que los colombianos y colombianas se sientan con garantías de derechos. Sin duda, buscamos la garantía de los derechos de las poblaciones históricamente excluidas y marginadas”, señaló la funcionaria.
El proyecto trae varios cambios importantes, pero uno de los más sensibles tiene que ver con el artículo 8 que buscaba la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y que quedó eliminado definitivamente, tal y como sugirió el senador y exjefe negociador del Gobierno con las Farc, Humberto de la Calle.
El informe de conciliación también acogió el artículo 370 como fue aprobado en Senado. En principio se daría vía libre a construir la primera línea del metro de Bogotá de forma subterránea, pero sufrió modificaciones por cuenta de una proposición que le puso un freno a esa intención de soterrar ese tramo del proyecto, tema que ha sido defendido por el Gobierno Petro.
Se dio luz verde a temas como el giro directo a las IPS, también se disminuye del 12 al 10% el pago de salud que deben hacer personas pensionadas con hasta 3 salarios mínimos, la establece la excelencia académica como uno de los criterios para la condonación de créditos del Icetex y se crean la política de vendedores informales y el programa de Hambre Cero, así como el sistema nacional de transferencias, que optimizaría los recursos de todos los subsidios, entre otros.
También se permitieron las Asociaciones Público Populares y los sistemas dinámicos de adquisición, a través de los artículos 91, 92 y 356. Sin embargo, se eliminó la expresión “personas naturales” que para algunos congresistas era demasiado amplia y podría generar riesgos de corrupción.
En la redacción final se habilitó a las entidades estatales para que celebren contratos de mínima cuantía con entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria algo que, sin embargo, no dejó tranquilos a algunos que consideran que mega contratistas se podrían colar para contratar de forma directa con el Estado.
El Gobierno logró sacar adelante el artículo 55 de la ponencia que fue duramente cuestionado por el representante Wadith Manzur en Cámara y que pasó de agache en el Senado. Con la propuesta, se despejaría el camino para que el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras consigan predios para la reforma rural integral, usando figuras como la enajenación y otras, que serían muy amplias, irían en la vía de la expropiación y producirían, según sus críticos, incertidumbre en materia de propiedad privada.
La senadora Paloma Valencia anunció la primera demanda al Plan por cuenta de ese artículo, mientras que el Partido Conservador pedirá a la Corte Constitucional la revisión de ese artículo puntual.
El proyecto también contempla nuevas cargas impositivas a los colombianos, a través de propuestas como la actualización catastral.
El Plan Nacional de Desarrollo pasa ahora a sanción presidencial y, una vez ponga la firma el presidente Gustavo Petro, iniciará la implementación de los cerca de 400 artículos.