Desde agosto de 2020 se emitió la alerta por la Defensoría del Pueblo que advirtió sobre los hechos violentos que hoy mantienen la tensión en Barranquilla y su área metropolitana.
Según la alerta temprana emitida por la entidad, esta se envió en su momento para activar los protocolos que evitarían los riesgos y amenazas a los derechos a la vida, la libertad y seguridad personal, libertades civiles y políticas e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, derivados de la presencia y actividad de organizaciones armadas ilegales.
Entre las bandas delictivas, se mencionaron grupos vinculados a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, además del control local ejercido por ‘Los Costeños’, ‘Los Papalopez’ y ‘Los Vega’, a los que se sumaron bandas como ‘Los Maleán’, provenientes de Venezuela.
Pese a las advertencias, el cúmulo de grupos criminales con presencia en Barranquilla y en municipios como Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa ganaron terreno, causando la crítica situación de inseguridad actual a través de “una estrategia de control territorial que busca garantizar el monopolio de las economías ilegales del narcotráfico, las extorsiones, la trata de personas, entre otras actividades ilícitas y que en su conjunto configura un preocupante escenario de riesgo para el ejercicio y garantía de los derechos fundamentales de la población civil que se encuentra expuesta y vulnerable a la presencia e imposición de mecanismos violentos de estos grupos”.
Por esta razón, la Defensoría había pedido a las alcaldías la realización de Consejos de Seguridad en el Distrito y los municipios, para fortalecer la estrategia de seguridad, teniendo en cuenta el riesgo que corría la población y la exposición que esta podía tener a situaciones de enfrentamientos, ajuste de cuentas, disputas por el control territorial, imposición de normas de convivencia por las estructuras y agresiones a líderes y miembros de la sociedad civil.