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El procurador Fernando Carrillo le envió una carta los presidentes de la Cámara de Representante y el Senado de la República para que se empiece a reglamentar el manejo de las Unidades de Trabajo Legislativo a las que tienen derecho los congresistas, pues ya se ha venido advirtiendo de irregularidades.

Por ejemplo, fue suspendido por tres meses el representante liberal Hernán Gustavo Estupiñán, porque estaría contratando a personas que no cumplen con las funciones del Congreso de la República y se le abrió investigación por esto hechos.

Procesos como estos toman importancia porque cada legislador puede contratar máximo a 10 personas y el salario mensual de cada Unidad no puede sobrepasar los 50 salarios mínimos, mensualmente. Es decir, con el salario actual, cada uno estará manejando al año más de 496 millones de pesos, y entre los 278 congresistas que hay actualmente se alcanzaría a pagar más de 138 mil millones de pesos.

“Exhortar al Congreso de la República, a través de las Secretarías Generales y muy especialmente, de las Direcciones Administrativas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, para que proceda a la actualización y expedición de las normas reglamentarias atinentes al funcionamiento de la UTL”, dice la carta enviada a los presidentes Ernesto Macías y Alejandro Chacón.

En la carta, el procurador menciona seis parámetros que se deben tener en cuenta para hacer dicha reglamentación, la primera, es por ejemplo, que ninguno de estos contratistas puede realizar actividades distintas a las del Congreso, y la segunda que no se pueden hacer exigencias sobre los pagos que se les hacen.

“Está prohibida cualquier forma de requerimiento, solicitud o coacción para utilizar los recursos pagados a los miembros de la UTL, con fines diferentes a la remuneración de los servicios efectivamente prestados”, se lee.

El tercer aspecto es que los congresistas, como titulares de cada despacho son efectivamente quienes coordinan las Unidades, pero deben hacerlo bajo lineamientos generales normativos; el cuarto, que los miembros de la UTL sí pueden ejecutar funciones desde las regiones pues es una alternativa para la presencia en los territorios del Congreso, pero el quinto aspecto se refiere a que dichas funciones deben tener registros: “estar documentadas y supervisadas, recurriendo a mecanismos de control como la presentación periódica de informes y la permanente comunicación funcional”.

Como sexto punto, dice el procurador que es clave que la Oficina de Control Interno de Gestión haga vigilancia, seguimiento y se atiendan sus recomendaciones.

Por último, señala en su carta: “quedará a disposición, en caso de que así lo requieran, un equipo de trabajo de la Procuraduría General de la Nación, para que acompañe las acciones a que haya lugar en el marco de la independencia institucional”.

Por irregularidades en el manejo de los funcionarios que conforman las Unidades, el Consejo de Estado ya decretó la muerte política del senador de la U, Carlos Enrique Soto, por haber autorizado varios viajes a Girardot, Panamá y Toronto sin justificación a Juan David Giraldo Saldarriaga, miembro de su UTL.

La Procuraduría, mientras tanto, además de abrir investigación con Hernán Gustavo Estupiñán, tiene investigaciones abiertas contra la excongresista Tatiana Cabello, y el actual representante Edward Rodríguez, quien fue denunciado por Luis Leandro Peña exmiembro de su Unidad.

Una delicada situación se presenta en el municipio sobre el occidente de Nariño, en la noche de hoy fue asesinada la personera Paula Andrea Rosero Ordóñez.  En hechos aislados dos personas de la misma localidad fueron asesinadas en la zona rural.

La abogada de 47 años de edad fue abordada por dos sicarios quienes le dispararon a quemarropa a las 7:48 de la noche, los hechos se presentaron en el parque principal. 

Según líderes sociales de Samaniego la situación es complicada y solicitan la asistencia urgente de la fuerza pública en la zona ante la evidente presencia de grupos irregulares, los hechos fueron advertidos por las autoridades civiles locales.

En el 2016, Rosero Ordóñez había denunciado amenazas, tras revelar manejos irregulares de los recursos y actos de corrupción durante las últimas administraciones del centro asistencial Lorencita Villegas.

Por ahora ningún grupo al margen de la ley o delincuencia común se atribuye el hecho, el secretario de gobierno de Nariño anunció un consejo extraordinario de seguridad ante la gravedad de los hechos y la difícil situación de orden público en Samaniego.

La Procuraduría le pidió a la JEP que admita el sometimiento de la exmiembro de las FARC, Omaira Rojas Cabrera, o también conocida como ‘Sonia’, solo si dice la verdad sobre lavado de activos.

Este es el delito por el que la deportaron de Estados Unidos, luego de la solicitud del Juzgado Séptimo Penal Especializado de Bogotá, pues ‘Sonia’ fue condenada como coautora del mismo dado a que administró los recursos del frente XIV de las FARC producto del cobro de multas y de los llamados ‘impuestos de guerra’.

Ahora, que la JEP tendrá que definir si acepta su sometimiento o no, la Procuraduría le envió su concepto indicándole, que, pese a que fue extraditada por narcotráfico y que el lavado de activos es un delito común, podría aceptarla.

Lo anterior, porque recuerda la Procuraduría que, “solo en la medida en que los delitos comunes hayan sido cometidos en conexidad con los políticos, para financiar o facilitar su comisión; pueden ser objeto de competencia de la Jurisdicción Especial de Paz y por esa vía de eventuales amnistías”.

Mientras el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, asegura que ha habido avances frente a la disminución de amenazas contra líderes sociales por el trabajo conjunto del Gobierno Nacional y diferentes entidades estatales, la Defensoría del Pueblo lamentó que dos miembros de la Unidad Nacional de Protección resultaran heridos en un atentado contra Francia Márquez y miembros de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, pues se había advertido del riesgo.

“Este lamentable hecho, que provocó lesiones a dos miembros de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sucede en el contexto de las reiteradas advertencias realizadas por la Defensoría del Pueblo desde el mes de marzo del año 2017 donde se ha descrito el riesgo al cual se encuentran expuestos líderes sociales y defensores de derechos humanos”, dijo.

Así mismo, señaló que había advertido el pasado 26 de abril a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida de Alertas Tempranas, del “aumento de amenazas en contra de organizaciones como la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) y el Proceso de Comunidades Negras (PCN)”.

La Defensoría del Pueblo insiste que, aunque el trabajo de la UNP es de resaltar, lo que se necesita es un cambio en la protección de los líderes.

“Ante esta neurálgica situación que padece el norte del Cauca, se hace necesario implementar acciones que involucren a todas las agencias del Estado en la adopción de medidas efectivas en pro de superar los factores que amenazan y generan vulnerabilidad a defensores y defensoras de derechos humanos, que vayan más allá de los esquemas de protección individual que en ocasiones no son efectivos para las particularidades del territorio”, señala.

Lo que se necesita, indica la entidad, son medidas de seguridad social y de fortalecimiento comunitario, y llama al Ministerio del Interior, la Gobernación del Cauca, la Fiscalía General de la Nación y a la Fuerza Pública, “a adoptar una conducta conforme al estándar de debida diligencia en la protección, respeto y garantía de los derechos humanos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, especialmente para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció este atentado y dar con sus responsables”.