Cuatro personas vinculadas al caso en el que está involucrada la exogobernadora de La Guajira Oneida Pinto Pérez fueron condenadas por un juez de conocimiento de Maicao.
Según informó la Fiscalía General de la Nación a través de su cuenta de Twitter los condenados son el interventor del proyecto el médico Carlos A. Gómez Ovalle y los coordinadores Mayelis Soto, Emel Rodríguez, Yira Montaño y Glenis Ojeda.
Los delitos por los cuales fueron condenados son contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento.
En marzo de este año la Fiscalía General de la Nación informó que fueron condenados dos empleados de la exgobernadora Pinto, quien está vinculada a esta investigación por irregularidades en la firma de un convenio en el 2011 para reducir los índices de mortalidad infantil en el municipio de Albania.
Los condenados fueron Jhan Carlos Serna P. y Wisman Bolaños, quienes se desempeñaban como conductores de la exmandataria.
Según el ente acusador, a estas personas se les demostró su responsabilidad en el desfalco de $18.600 millones en el Programa contra la Mortalidad Infantil en Albania, por el que también es investigada Pinto.
La exgobernadora se encuentra en libertad por vencimiento de términos desde junio de 2018 por decisión de la jueza 23 de control de garantías de Bogotá.
Poco antes de que se conocieran las condenas, la exmandataria informó a través de su cuenta de Instagram que había denunciado a los fiscales que la investigan y a otras personas por los delitos de concusión, cohecho, trafico de influencias, prevaricato, injuria y calumnia.
Indicó que los denunciados son Ángela Santana fiscal 46 anticorrupción y Carlos Castañeda delegado ante la Corte Suprema de Justicia .
“Temo por mi vida y la de los míos. Dios protégeme, todo por haber obtenido una histórica votación se han ensañado en una persecución desenfrenada y peligrosa”, escribió Pinto.
Esta denuncia la hizo un día antes de la cita que incumplió ante la Fiscalía donde se le iba a imputar cargos y solicitar medida de aseguramiento por otro caso en el que es investigada por la instalación de adoquines en Albania.