El juez 35 de Control de Garantías acogió la petición de la Fiscalía y la Procuraduría que pidieron detención domiciliaria contra el abogado Diego Cadena, al considerar que es un peligro y podría obstruir la investigación, pero a su socio Juan José Salazar, lo dejó en libertad al considerar que no hay prueba alguna que indique que pueda incidir el proceso.
Pese a la decisión, el juez concluyó que la versión de la defensa de los abogados Diego Cadena y su socio Juan José Salazar, en la que alegan que los pagos que se hicieron al exparamilitar Carlos Enrique Vélez era ayudas humanitarias, no es creíble, porque no hay soportes que así lo indiquen.
Dijo el juez que de los $200 millones que supuestamente el abogado Diego Cadena ofreció al exparamilitar Vélez, solo se materializaron $36 millones.
La Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión al considerar que el juez de primera instancia degradó el supuesto actuar delictivo del abogado Juan José Salazar, y alegan que la decisión es contradictoria teniendo en cuenta que el juez determinó que la versión de la defensa no es creíble, porque no hay soportes que indiquen que los pagos hechos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez se trataron de viáticos o ayudas humanitarias, sino que, por el contrario hay pruebas que infieren que esos dos abogados habrían pagado con fines ilícitos.
Por ello, pidieron al Tribunal Superior de Bogotá que revoque la decisión del juez 35 de garantías y se imponga medida de aseguramiento al abogado Juan José Salazar.
Iván Cancino, quien defiende al abogado Diego Cadena, pidió al Tribunal que se otorgue la libertad a su defendido, pues insiste en que su cliente fue objeto de un presunto montaje por parte de los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve.