Una auditoría forense adelantada en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) puso bajo la lupa el manejo de información reservada durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. El proceso fue ordenado por el presidente Abelardo De La Espriella y habría encontrado elementos que ahora son objeto de investigación por parte de las autoridades.
Según información publicada por la revista Semana, los auditores habrían identificado una estructura de contrainteligencia que tuvo acceso a información considerada sensible entre 2022 y mediados de 2026.
Dentro de los datos revisados aparecerían registros relacionados con dirigentes de oposición, periodistas, funcionarios públicos y asuntos vinculados con la campaña presidencial.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación está relacionado con el supuesto uso irregular de información privada. La investigación también contempla la existencia de un posible mecanismo para generar amenazas falsas con el propósito de facilitar la asignación de esquemas de protección y, posteriormente, acceder a información sobre determinadas personas.
Por ahora, estos señalamientos hacen parte del proceso de verificación y deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.
Informes mencionan reuniones en Medellín
Dentro del material revisado también aparece un informe que registra una reunión que habría tenido lugar en abril de este año en Medellín entre Javier Grajale, quien para entonces era asesor de la senadora María José Pizarro, y alias “Boyaco Sinaloa”.
El encuentro, de acuerdo con el documento conocido por Caracol Radio, habría ocurrido en el Centro Comercial El Tesoro y estaría relacionado con posibles acercamientos en torno a un eventual respaldo al entonces candidato presidencial Iván Cepeda.
El mismo informe hace referencia a otro encuentro que habría involucrado a Pastor Alape, presuntamente realizado en una urbanización del sector de El Poblado, también en Medellín.
El propósito y alcance de estas reuniones deberán ser determinados dentro de las investigaciones que adelanten las autoridades.
Francisco Barbosa anuncia denuncia
La información conocida también menciona al exfiscal general Francisco Barbosa, quien aseguró que durante la administración Petro habría sido objeto de seguimientos, interceptaciones y acciones de espionaje.
Barbosa sostuvo que, de comprobarse las actuaciones denunciadas, podría configurarse una grave afectación a la independencia de la justicia, teniendo en cuenta que las interceptaciones de comunicaciones requieren autorización judicial.
El exfiscal anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía el próximo 5 de octubre para que se investigue a los responsables y, además, solicitará a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y a la DNI los datos que existan relacionados con su caso.
“De confirmarse estas versiones, se estaría ante uno de los ataques más graves contra la independencia judicial en la historia reciente de Colombia”, afirmó Barbosa.
Millonario volumen de información bajo revisión
Uno de los elementos más relevantes de la auditoría es el volumen de material recopilado para establecer qué ocurrió dentro de la entidad.
De acuerdo con Semana, fueron puestos a disposición de las autoridades cerca de 147 terabytes de información, además de 40 equipos de cómputo y cinco teléfonos celulares y tabletas.
Con este material se busca establecer si hubo utilización indebida de las capacidades de inteligencia del Estado, quiénes habrían participado y cuál habría sido el alcance de las actuaciones investigadas.
La revisión continúa y serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar si existieron responsabilidades penales o disciplinarias.