La divulgación de audios y documentos confidenciales relacionados con dos investigaciones judiciales puso en marcha nuevas acciones de la Fiscalía General de la Nación, que ordenó labores de policía judicial para identificar a los responsables de las filtraciones y establecer cómo salió a la luz este material reservado.
Los hechos están relacionados con el proceso por el envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá y las declaraciones entregadas por la exconsejera presidencial Eva Ferrer Galcerán, quien ha realizado señalamientos contra la exprimera dama Verónica Alcocer.
La Fiscalía advirtió que la circulación no autorizada de estos elementos puede afectar el desarrollo de las investigaciones, poner en riesgo a los testigos y vulnerar los derechos de las víctimas y demás personas involucradas.
Uno de los expedientes corresponde a la muerte de dos estudiantes del colegio Los Nogales, cuyos cuerpos presentaron rastros de talio, según los análisis de Medicina Legal conocidos en abril de 2025. Por este caso, la empresaria Zulma Guzmán Castro fue capturada en Londres y enfrenta un proceso de extradición hacia Colombia.
El segundo asunto está relacionado con las declaraciones de Eva Ferrer ante la Dirección Especializada contra la Corrupción. La Fiscalía aclaró que los señalamientos realizados por la exfuncionaria corresponden a su versión de los hechos y todavía deben ser objeto de verificación judicial.
Ante esta situación, el organismo recordó que los servidores públicos y demás intervinientes tienen la obligación de proteger la reserva de las actuaciones penales. Asimismo, anunció que remitirá copias a las autoridades penales y disciplinarias para establecer posibles responsabilidades.
La entidad también precisó que estas medidas buscan proteger la integridad de los procesos judiciales, sin afectar la libertad de prensa ni el ejercicio legítimo del periodismo.