Sobre la violencia que se acrecienta en el Chocó y el paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el alto comisionado para la paz, Otty Patiño,  se pronunció sobre estos hechos.

«La declaración de paro armado por el Frente de Guerra Occidental del Eln es una deslealtad con los acuerdos celebrados en el sexto ciclo de conversaciones en La Habana, en tanto amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento, el ejercicio de los gobiernos democráticamente elegidos y el mandato de las autoridades comunitarias», señaló Patiño.

‘El paro armado indefinido’, que es el primero del año y comenzó el sábado, es una estrategia delincuencial que impide cualquier actividad comercial o cotidiana de las poblaciones afectadas, a la que el ELN recurre con frecuencia, siendo el Chocó una de las regiones donde más la impone a sus pobladores.

Las delegaciones de la guerrilla y del Gobierno cerraron el martes pasado en La Habana el sexto ciclo de negociaciones con una prórroga semestral del cese al fuego, la suspensión «temporal» de los secuestros de la guerrilla y la creación de un fondo internacional para financiar el proceso de paz.

Por su parte,  la Procuraduría  pidió el pasado domingo proteger «con urgencia» a más de 27.000 personas que están en riesgo de confinamiento por un «paro armado indefinido», ordenado por la guerrilla.

Este llamado fue dirigido al Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del cese del fuego bilateral con el ELN, y lo que busca es que se emitan las alertas pertinentes para proteger a la población.

«Bajo ninguna perspectiva es compatible (el ‘paro armado’) con la reciente prórroga del cese al fuego bilateral, nacional y temporal suscrito por las delegaciones del Gobierno Nacional y ese grupo armado ilegal», dijo en un comunicado el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento.

El funcionario instó al alto comisionado y a la jefa negociadora del Gobierno en los diálogos con el ELN, Vera Grabe, «para que actúen de manera inmediata y protejan los derechos humanos de la población en riesgo».

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario anunció emergencia carcelaria en respuesta a los recientes ataques sicariales dirigidos contra funcionarios de la institución. El director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, ha expresado su preocupación por la reciente ola de violencia dirigida contra funcionarios de la cárcel de Ternera en Cartagena en los últimos 10 días.

“Con el apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, también contamos con la Fiscalía, que está muy atenta para investigar estos hechos violentos y dar con el paradero de estos criminales que han venido atentando contra nuestros servidores penitenciarios”, señaló el coronel Gutiérrez.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, expresó su solidaridad con el Inpec y ha pedido declarar la emergencia carcelaria.

“No tiene sentido que los éxitos que tiene la Policía en la captura contra las estructuras criminales o en los éxitos contra esa lucha se reflejen en atentados contra la Guardia del INPEC”, afirmó el ministro Osuna, agregando que el Ministerio de Justicia está dispuesto a colaborar en la solución de esta crisis.

Además del asesinato del dragoneante en Cartagena, otro funcionario fue víctima de un atentado sicarial en Jamundí, Valle. El incidente ocurrió en la vía Panamericana, en un área conocida como Las Viudas Negras, donde un sujeto siguió al dragoneante durante varias cuadras y le disparó al término de su jornada laboral.

El asesinato de un Policía de tránsito, la quema de al menos cuatro vehículos y disturbios en algunos sectores se registraron este sábado en Tuluá, lo que llevó a que se ordenara la militarización de esa ciudad del Valle del Cauca.

La medida fue anunciada por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien dijo en su cuenta de X que para garantizar el orden público de Tuluá “vamos a militarizar la ciudad para acompañar a la Policía en sus funciones de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los tulueños”.

Las acciones, explicó Toro, las está coordinando con la Policía, el Ejército y el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, quien dijo que decretó el toque de queda y además prohibió el «parrillero» -segundo pasajero- en moto.

La situación comenzó con el ataque a dos agentes de tránsito por parte de sicarios, acciones separadas, pero con corto tiempo de intervalo entre ellas, que le costó la vida a uno de ellos, quien fue atacado en su propia vivienda.

Adicional a esos atentados, también fueron quemados cuatro automotores en acciones perpetradas en diferentes calles de Tuluá, lo que ocasionó zozobra entre la población.

«Los delincuentes están reaccionando violentamente en Tuluá por la captura de sus cabecillas y las medidas que hemos tomado», añadió la gobernadora Toro, en referencia a las operaciones contra las bandas criminales que operan en esa ciudad.

La más reciente acción de las autoridades permitió capturar a Mauricio Marín Silva, alias ‘Nacho’, jefe del grupo delincuencial La Inmaculada.

Por su lado, el Ejército informó hoy que más de 120 hombres de la Tercera Brigada refuerzan el dispositivo de seguridad en coordinación con la Policía y las autoridades regionales y locales, debido a los hechos de orden público registrados en el municipio.

La tropa se enfocará en la implementación de puestos de control en vías de acceso, refuerzo operacional en puntos críticos y presencia en las vías del casco urbano.