El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, se refirió a los resultados de la más reciente encuesta de percepción ciudadana llevada a cabo por ‘Valledupar, cómo vamos’.
La Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación informaron este miércoles la captura en Estados Unidos de Aderbiss Segundo Pirela Pirela, conocido como ‘Maracucho’ o ‘Pedrito’, presunto líder de una banda delictiva en la capital colombiana. Pirela Pirela enfrenta acusaciones por homicidio, tráfico de drogas y extorsión.
El individuo, catalogado como uno de los criminales más buscados en Bogotá y vinculado al cartel de los más buscados de la ciudad, fue detenido en New Braunfels, Texas, por las autoridades estadounidenses en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional.
La Fiscalía y la Policía anunciaron que se iniciarán los trámites para su extradición a Colombia, donde deberá enfrentar cargos relacionados con su participación en la estructura delictiva denominada ‘Los Satanás’, responsable de diversos crímenes en la capital colombiana.
El general José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía de Bogotá, manifestó el compromiso continuo de las autoridades en desmantelar esta y otras organizaciones criminales que afectan la seguridad ciudadana en la ciudad.
“No habrá territorio donde estos delincuentes se puedan ocultar, los capturaremos y presentaremos a la justicia, nuestra prioridad: velar por la seguridad y tranquilidad de los bogotanos”, aseguró el general Gualdrón.
Por considerar que la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz es inconstitucional, el juez de control de garantías del Tribunal de Barranquilla de Justicia y Paz, Carlos Andrés Pérez, negó la libertad extraordinaria del ex jefe paramilitar.
El despacho señaló que suspenderle las medidas a Mancuso sería como concederle un indulto por crímenes de guerra y de lesa humanidad. De hecho, el magistrado, al inicio de la diligencia, ya había anticipado cuál sería su concepto: «Para el Tribunal la resolución vulnera (la Constitución) porque pretende generar el efecto práctico de un indulto, por ello se inaplicará, lo que conlleva a denegar la solicitud extraordinaria elevada el Gobierno Nacional».
Ante esta decisión, Beatriz Quintero, abogada de Mancuso, anunció que interpondrá un recurso de apelación, pero que se le ha dificultado la comunicación con su cliente, por lo que «en aras de ejercer una verdadera defensa, le ruego me conceda un término prudencial», señaló la jurista.
El magistrado levantó la audiencia y la programó nuevamente para este jueves 14 de marzo a las 10:30 a.m.
La audiencia se llevó a cabo este miércoles 13 de marzo de manera virtual, luego de que la semana pasada el despacho iniciara el estudio de suspender las 33 medidas que recaen en contra de Mancuso en ese despacho.
En la diligencia pasada, la Procuraduría se opuso a la posibilidad de levantar las medidas debido a que “no hay claridad respecto a cuál es la estructura armada organizada que Mancuso Gómez representa, y cuál es el acto que lo designó como representante de esta”.
Este 12 de marzo, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia escogió a Luz Adriana Camargo Garzón como la nueva fiscal general de la Nación con 18 votos.
La decisión de Camargo como la nueva cabeza ente investigador para el período 2024-2028 fue anunciada por Gerson Chaverra, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, tras la renuncia irrevocable de la excandidata Amelia Pérez Parra en la sesión extraordinaria en la que su Sala Plena intentó, por cuarta ocasión, escoger a la próxima fiscal general de la nación.
No obstante, en la elección final, la Corte votó por las tres candidatas de la terna pese a la renuncia de Pérez.
Camargo, quien fue magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cuenta con una trayectoria comprende más de 35 años en la rama judicial.
En su carrera, Camargo se destacó por su trabajo en la unidad de la Corte Suprema de Justicia que investigó la llamada “parapolítica” y logró investigar a más de 40 congresistas. Además, en Guatemala destapó actos de corrupción que salpicaron a altas instancias del Gobierno.
En ambos casos, Camargo trabajó de la mano con el hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez.
¿Quién es Luz Adriana Camargo Garzón?
Luz Adriana Camargo Garzón fue magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia como parte de la Sala de Casación Penal, siendo también exfiscal delegada y auxiliar ante esta misma corporación. De igual manera, se desempeñó en el campo de la dirección de investigaciones por delitos comunes como fiscal delegada ante los jueces penales de circuito.
En la Fiscalía general de la Nación se ocupó, asimismo, de la Dirección Seccional, Administrativa y Financiera y también de la Sección de Instrucción Criminal en la capital del país.
Fue perita en litigios internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asumiendo destacados casos como el de Herminio Deras García y familia vs. Honduras; Santiago Leguizamón y familia vs. Paraguay; y Digna Ochoa Plácido y familia vs. Paraguay.
Cuenta también con experiencia como consultora en proyectos asociados a estándares de investigación, formas de impunidad, acceso a la justicia y fortalecimiento de mecanismos democráticos en Consucol, Corporación Justicia y Democracia y Forjando Futuros, en asocio con Indepaz, Intereclecial de Justicia y Paz, Comisión Colombiana de Juristas y Programa Somos Defensores y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Se encargó de la dirección de investigaciones relacionadas con fenómenos de macrocriminalidad, corrupción y lavado de activos en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG-ONU y la Corte Suprema de Justicia.
Al comienzo de su carrera en la Rama Judicial asumió como Juez 106 de Instrucción Criminal y oficial mayor del Juzgado 19 Superior de Bogotá.
Mediante la Resolución 000643 del 8 de marzo de 2024, la Alcaldía de Valledupar llevó a cabo el traslado de varios rectores de las instituciones educativas de la ciudad.
El Secretario de Educación, Camilo Pinto, dio a conocer las razones detrás de esta decisión. Según lo explicado por Pinto, el principal objetivo es mejorar la calidad educativa en las 47 instituciones y 181 sedes del municipio.
“En el Gobierno del alcalde Ernesto Orozco hemos tomado la determinación de hacer unos primeros 10 movimientos en nuestra planta de rectores con el fin de oxigenar el sistema educativo en el municipio de Valledupar. Todo esto se hace exclusivamente en busca de la mejora y la garantía de calidad educativa”, afirmó el funcionario.
Pinto también señaló la posibilidad de futuros movimientos, dado que se están realizando evaluaciones pertinentes como parte de una iniciativa de reestructuración de la planta de rectores con el objetivo de impulsar y fortalecer el enfoque en la calidad educativa.
Es importante resaltar que esta decisión fue tomada en un marco de discrecionalidad entre el municipio como entidad certificada, desde el despacho del alcalde en coordinación con la Secretaría de Educación y la Oficina de Talento Humano.
Así quedó conformada la nueva planta de rectores de las instituciones educativas en Valledupar:
El directivo docente Pablo Celestino Torres Daza pasa de la Institución Educativa ‘Francisco Molina Sánchez’ a la Institución Educativa UPAR. Al ‘Francisco Molina’ llega el directivo docente Alberto Rincón López, quien era rector de la Institución Educativa ‘Oswaldo Quintana Quintana’, institución que recibe a Héber Bacilio Ruiz Caamaño.
A la Institución Educativa Técnica CASD – Simón Bolívar llegará en reemplazo de Héber Ruiz, el directivo docente Jarvis Luciano Olivella Socarrás, que era Rector de la IE UPAR.
El directivo docente Luis Arturo Escobar Caro, quien se desempeñaba como rector de la Institución Educativa ‘Alfonso Araujo Cotes’, pasará a la I.E. ‘Enrique Pupo Martínez’; el rector de este último plantel, Andrés Alirio Ortiz Murillo reemplaza en el cargo a su sucesor.
Ronny Yesid Villegas Lozano, que ejercía como rector de la I.E. ‘Joaquín Ochoa Maestre’, pasará al mismo cargo en la I.E. ‘José Eugenio Martínez’; entre tanto, el rector Fredis Antonio Ramos Martínez pasa al ‘Joaquín Ochoa Maestre’.
Finalmente, el rector de la I.E. Villa Corelca, Oscar Jamir Ortega Bolívar, pasa a la I.E. La Esperanza, y en su reemplazo llega el directivo docente Gustavo Claro Santiago.
El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, José Félix Lafaurie, envió una carta a la Ministra de Agricultura por la reducción que están teniendo los productores de leche en sus precios de venta. Según FEDEGÁN, en este momento la caída del precio para los productores es del 12% y la producción de este producto podría estar en riesgo como consecuencia de la presión económica que viven los ganaderos.
La “alta producción (en promedio, 7414 millones de litros), bajo acopio formal (3283 millones de litros, 44 % de la leche producida), pocos compradores (5 empresas concentran el 40 % del acopio formal), importaciones crecientes (cada año crece la capacidad de importación desde EE. UU. y la UE), distribución disfuncional del consumo (estratos altos consumen 190 litros per cápita anualmente y los sectores populares solo 37 litros) y minifundio como modo de producción prevalente (pequeños ganaderos y ganadería minifundista sin animales con alta productividad, economía de supervivencia)”, son los principales factores que generan dificultades en el sector, según el documento firmado por Lafaurie.
Además, desde la federación señalan que hay una desarticulación entre el precio que se está cobrando a los consumidores y el reconocimiento a los productores. Aseguran que durante 2023 no se tomaron acciones para hacer ajustes proporcionales entre el reconocimiento de la producción y el incremento en el pago que hacen los consumidores.
“Hemos detectado zonas en donde están pagando a los productores 1.100 pesos por litro de leche. Es realmente injusto que cueste más un dulce que un litro de leche. Además, el consumo ha tenido una caída del 9% los últimos años. Mientras que en lo corrido del año el IPC de leche ha crecido un 1.3% y el de queso un 3%, el precio al productor sigue cayendo”, explicó Óscar Cubillos, director de estudios económicos de FEDEGÁN.
Para Cubillos, se debe generar una dinámica de reactivación del consumo, generar pagos más justos a los productores y evitar incrementos desproporcionados en los precios que terminan pagado los consumidores.
Frente a la situación de coyuntura, desde FEDEGÁN se ha propuesto la creación de un fondo que promueva el consumo de leche y productos lácteos en niños de sectores populares, financiado entre FEDEGÁN y la industria láctea con un 50 % y el otro 50 % por entes territoriales o el Gobierno Nacional. En este sentido, también proponen incluir la leche como obligación en las compras públicas que van destinadas a programas como el PAE, comedores comunitarios y las raciones de la Fuerza Pública.
El Consejo de Estado anuló la personería jurídica del partido Fuerza Ciudadana el cual es liderado por Carlos Caicedo.
Se demostró por parte del Consejo de Estado que el Consejo Nacional Electoral le expidió con falsa motivación esa personería jurídica, toda vez que no era permitido que, como grupo significativo de ciudadanos que fue en su momento, se hubiese hecho esa coalición al Pacto Histórico.
Adicionalmente porque vulneró las normas superiores, entre esas, las que establecen las coaliciones son únicas y exclusivamente para partidos y movimientos con personería jurídica y el movimiento Fuerza Ciudadana era un grupo significativo de ciudadanos que no tenía personería.
Es importante resaltar que los efectos de la sentencia se profieren hacia el futuro, lo que quiere decir que, las situaciones consolidadas de esos que en representación de Fuerza Ciudadana fueron nombrados, seguirán en sus cargos con normalidad.
El ministro de Minas, Omar Andrés Camacho, anunció este miércoles, 6 de marzo, la publicación de un borrador de decreto para comentarios que le permitirá a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) revisar y corregir todos los componentes de la fórmula tarifaria de energía.
Esto en un esfuerzo, de acuerdo con el jefe de la cartera de Minas y Energía, por intentar corregir los elevados costos tarifarios del servicio público en la Costa Caribe.
En el decreto publicado, primeramente, se explica la ley citando la Constitución donde se establece la esencialidad de los servicios públicos para el bienestar del país y que el presidente, de acuerdo con el artículo 370, tiene «la responsabilidad de establecer políticas generales y supervisar la eficiencia de los servicios».
«Las tarifas deben ser eficientes y transparentes, con revisión cada cinco años. La Ley también establece la obligación de los prestadores de servicios de emitir facturas detalladas y prohíbe el cobro de servicios no prestados», señala el borrador del decreto.
Asimismo, el documento decreta, en una segunda instancia, nuevas disposiciones sobre la fórmula tarifaria y la facturación de servicios públicos, así como la divulgación de información del mercado eléctrico y de gas, y la revisión de los criterios para el Cargo por Confiabilidad.
«La Comisión de Regulación de Energía y Gas deberá divulgar las fórmulas tarifarias para los próximos cinco años y revisar los principios tarifarios», señala el texto.
También especifica que se «prohíbe facturar rubros de terceros en las facturas de servicios públicos y se establece la divulgación de información del mercado eléctrico y de gas».
Además, de acuerdo con el texto, se revisarán los criterios para incluir nuevas fuentes en el Cargo por Confiabilidad y se definirán los criterios de expansión del parque de generación de energía eléctrica.
La juez de Ejecución de Sentencias de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, Luz Amparo Zamora, concedió el beneficio de libertad a prueba por 4 años al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, al constatar que ha cumplido con sus obligaciones en materia de verdad y reparación a las víctimas.
En su decisión, la juez Zamora también le impuso una importante restricción que había sido solicitada por la Procuraduría: la de no poder transitar libremente por varios departamentos como Córdoba, Bolívar, Sucre y municipios de Urabá, en los que adelantó su operar criminal como exjefe de las Autodefensas (en vista de su labor futura como gestor de paz podrá ingresar a esos territorios, pero con autorización previa del despacho).
Aunque con esta determinación no queda formalmente en libertad porque se enmarca exclusivamente sobre las sentencias que pesan sobre el excomandante paramilitar, sí se acerca a la misma.
A partir de este momento y en vista de que la decisión quedó en firme, Mancuso queda ad-portas de la libertad puesto que sólo le resta que se defina ante las Salas de Justicia y Paz de Barranquilla (audiencia programada para el 6 marzo) y Bogotá (audiencia fijada para el 15 de marzo) si se le sustituyen todas las medidas de aseguramiento que tiene en su contra (en Barranquilla son 33 medidas de esta índole).
Para arribar a la conclusión de otorgarle el beneficio, asimismo la juez Luz Amparo Zamora indicó que el exparamilitar no registra algún incumplimiento en materia de ocultamiento de bienes, y ha cumplido con los requisitos, pero tendrá que participar en actividades de perdón.
Asimismo, la juez de ejecución de sentencias ordenó que se garanticen medidas de seguridad para el excomandante de las Autodefensas, reconociendo el riesgo al que se enfrenta. Tampoco podrá salir del país sin autorización del despacho.
La Décima Brigada Blindada del Ejército Nacional con operaciones en el Cesar y La Guajira, emitió la Resolución 001 de 2024, la cual suspende el porte de armas de fuego y armas traumáticas en ambos departamentos. Dicha medida está contemplada hasta el 31 de diciembre de este año en curso.
De esta manera, el organismo de seguridad y defensa nacional busca preservar las condiciones de seguridad y efectividad de los derechos y deberes de los ciudadanos en esta jurisdicción.
Así mismo, establece que las autoridades competentes deberán imponer la sanción de decomiso a quien porte armas de fuego y no cuente con el permiso especial, o no se encuentre dentro de las excepciones contempladas en la medida de restricción.
La resolución de suspensión general también acoge a aquellos titulares de armas traumáticas, de conformidad a la clasificación que estas ostentan como armas de fuego de baja letalidad, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1417 de 2021.
De la medida están exentos los funcionarios de la fuerza pública y funcionarios adscritos a entidades para tales fines.