El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que su Gobierno coordinará medidas de seguridad y movilidad para la movilización nacional convocada para este miércoles 14 de octubre, con el propósito de proteger tanto a los manifestantes como a los ciudadanos que deban cumplir sus actividades cotidianas.
Durante su alocución del 12 de octubre, el mandatario afirmó que impartió instrucciones a las autoridades para organizar acciones de prevención, atención de emergencias y protección de los participantes, en coordinación con los organizadores de las marchas y los gobiernos territoriales.
De la Espriella reiteró que la protesta pacífica es un derecho constitucional que debe respetarse, independientemente de las opiniones políticas o de las posiciones que los ciudadanos tengan frente a su administración. En ese sentido, sostuvo que las autoridades deben garantizar que las personas puedan expresar sus inconformidades y exigir respuestas al Gobierno.
Sin embargo, advirtió que el ejercicio de este derecho no puede convertirse en una justificación para cometer actos violentos, destruir bienes, amenazar a trabajadores o bloquear el paso de ambulancias y otros servicios de emergencia.
El jefe de Estado señaló que la Fuerza Pública deberá actuar bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, diferenciando a quienes participan pacíficamente de quienes incurran en conductas que afecten los derechos de terceros.
Garantías para quienes no marchen
El mandatario también se refirió a los ciudadanos que no participarán en la jornada, pero necesitan desplazarse para trabajar, estudiar, asistir a citas médicas o realizar otras actividades esenciales.
Frente a esta situación, indicó que el Gobierno debe procurar la continuidad de los servicios indispensables y evitar que la movilización afecte injustificadamente a la población.
Finalmente, hizo un llamado a los organizadores y participantes para que contribuyan a prevenir confrontaciones y desarrollen la jornada de manera pacífica. Las autoridades, por su parte, deberán atender cualquier alteración del orden público conforme a la ley y respetando las garantías ciudadanas.