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Desmantelada red criminal de explotación sexual de niñas y niños en La Guajira

La Fiscalía General de la Nación continúa en su lucha por proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  En este sentido en las últimas horas adelantó una operación conjunta con la SIJIN-DIPRO de la Policía Nacional, denominada ‘Abeona’ y que permitió la desarticulación de un grupo ilegal dedicado a la explotación sexual de menores de edad.

La organización ilegal se hacía llamar ‘La Mona’, y estaba conformado por dos ciudadanos venezolanos y ocho colombianos que explotaban sexualmente a menores con edades entre 14 y 17 años de ambas nacionalidades.

Las investigaciones adelantadas permitieron identificar el actuar de los delincuentes, quienes captaban a los menores a través de engaños y aprovechándose  del bajo nivel socioeconórmico de sus víctimas y de sus familias.  Los agresores les ofrecían dinero, alimentación y hospedaje en los municipios de Riohacha, Maicao, Fonseca y San Juan de Cesar, en La Guajira, a cambio de “comercio sexual”.

En desarrollo del operativo se realizaron nueve capturas en las ciudades de San Juan del César, Fonseca, Riohacha (La Guajira) y Palmira (Valle del Cauca).  Los capturados deberán responder por los delitos de proxenetismo con menor de edad y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad. Las penas por estos delitos, según la ley penal  colombiana, oscilan entre 14 y 25 años.

De acuerdo al material probatorio recopilado, las víctimas eran menores de 14 años, varias con nacionalidad venezolana. Una de ellas fue amarrada y drogada para poder facilitar su participación en diferentes vejámenes sexuales.  Por lo anterior, las condenas podrían superar los 37 años de prisión.

Por estos hechos fueron llevados a audiencias preliminares y enviados a centro carcelario ocho personas:

  • Yasmín Alicia Oñate y Yirlen Yaireth Oñate Ayala. Hermanas que ofrecían usaban su lugar de residencia para acoger menores de edad y someterlas a explotación sexual en los municipios de Fonseca y San Juan. Según la investigación adelantada, estas mujeres habrían logrado someter mediante engaños y amenazas a unas 16 menores.
  • Ciro José Baquero Gómez y José Alfredo Acosta. Contactaban a las hermanas Oñate para obtener los favores sexuales por los que pagaban entre 40 y 60 mil pesos para acceder carnalmente a las menores de edad.
  • Liley Muñoz Vergara y Kevin David Martínez Correa, alias ‘Estrellita’. De acuerdo al material probatorio recaudado, durante un año estos hombres habrían tenido en una residencia a una menor de 13 años a la que tenían amarrada y obligaban al consumo de sustancias estupefacientes.  La joven además era golpeada para que no saliera del inmueble.  A este lugar acudían hombres que eran contactados para accederla carnalmente a cambio de dinero. La niña fue rescatada por la Policía y la Fiscalía General de la Nación.
  • Feizer Javier Sancedo, alias ‘Petra’, de nacionalidad venezolana, y Ricaurte Mesa Argote, de oficio taxista, colombiano. El material recopilado demostraría que los dos explotaban sexualmente a niños varones menores de edad oriundos de Venezuela que vivían en extrema pobreza. En la zona turística de Riohacha a los menores para prácticas sexuales y cobraban entre 60 y 80 mil pesos.

Mesa Argote, contra de quién existía otra orden de captura vigente por el delito de acceso carnal abusivo con menor de edad, era quien, valiéndose de su ocupación como taxista, contactaba posibles ‘clientes’; hombres, para que abusaran sexualmente de este menor de edad. Además era quien transportaba al niño a diferentes hoteles en los que era abusado.

Las prácticas sexuales a las que sometían a los infantes eran tan aberrantes que existe registro de que a uno de ellos le ponían una peluca y prendas de vestir femeninas con el fin de satisfacer los deseos sexuales de los hombres que eran contactados. Además, le suministraban sustancias estupefacientes con el fin de mantenerlo controlado y dependiente.

Adicionalmente, por este caso, se inició el proceso de extinción de dominio de los establecimientos que eran usados para cometer estos actos sexuales ilícitos con menores de edad.  Un motel, y dos hoteles que están avaluados en, al menos 20.000 millones de pesos serían los afectados.